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3. Las políticas públicas
en Latinoamérica y en México

Las políticas públicas son una instancia de los procesos políticos generales por cuyo medio el Estado instrumenta determinados objetivos políticos. Esta definición aporta elementos de comprensión a la polémica del la correspondencias entre la globalización del sistema capitalista y los mecanismos impulsados en el ámbito interno de los Estados nacionales para la reestructuración de sus sistemas productivos; la reorientación de los estilos de relación con sus respectivas poblaciones; tanto en lo que se refiere a la satisfacción de las demandas sociales como al replanteamiento de las modalidades de control político.

Al respecto se encuentra la revisión que realizó Karen Kovacs [11] sobre las diferentes teorías políticas para relacionar el régimen político con los tipos de políticas públicas instrumentadas en los países de América Latina. Los estudios reportados por la autora corresponden en su mayoría a investigaciones realizadas en la década de los ochenta y en general, se refieren a los intentos de clasificación de los regímenes políticos de acuerdo a una tipología de corte Weberiano.

La serie de estudios reseñados resaltan el peso asignado a los procesos de toma de decisiones inherentes a la formulación de políticas públicas, con respecto a los mecanismos de negociación entre las autoridades y los diversos actores sociales y políticos en los países de la región. Esta visión suponía una composición de fuerzas en la esfera geopolítica diferente a la actual porque los márgenes de influencia de los grupos populares, para la formulación de las políticas públicas, ha dejado de tener el mismo significado que en la época en que se realizó la revisión de Kovacs [12].

Afirmar que existen diferencias sustanciales entre las políticas públicas instrumentadas por regímenes democráticos con respecto a las que aplican regímenes autoritarios es irrelevante, si se contrastan los resultados de la aplicación de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio que uniforman a todos los países del tercer mundo, sin importar si sus gobernantes llegaron al poder mediante elecciones o como resultado de un golpe de Estado.

Sostener, que Costa Rica por ser una régimen democrático impulsa programas y políticas diferentes de las de Haití, o de Brasil que no tienen la misma tradición democrática de Costa Rica es irrelevante; o bien que se pueden analizar continuidades o discontinuidades en la intervención estatal, que a su vez permita detectar a un Estado fuerte de un Estado débil, a partir de la tesis de que la política estatal es el producto de un proceso de negociación política en los regímenes de centro, de derecha o de centro izquierda en los Estados Latinoamericanos, como lo hizo Kovacs [13], no tiene valor heurístico.

Después de la Ronda de Uruguay y del Consenso de Washington [14] no es posible conocer, ni explicar los objetivos a los cuales responden las formulaciones de los programas y las políticas públicas, ni los márgenes de poder de negociación o de independencia del poder estatal frente a los distintos grupos sociales en América Latina. Carece de relevancia conceptual el análisis para determinar los límites de la autonomía estatal frente a los actores sociales en cada país, o bien comparar el régimen que impera en unos, con la aplicación de determinado tipo de políticas con respecto a otros, con matices de organización política diferentes.

Actualmente, por efectos de recomendaciones detalladas en cada área de la vida de los países no desarrollados, sus respectivos gobiernos se ven obligados a la aplicación de medidas similares, casi al grado de la uniformidad en cuanto a políticas industriales, agrarias, fiscales, culturales y educativas, el mejor ejemplo de esta situación se encuentra en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), emitidas para mejorar la calidad de las escuelas. [15] Además, con los diversos tratados de libre comercio, toda la estructura de programas y políticas públicas de los países menos desarrollados que se han ido adhiriendo a estos, se ha consolidado una tendencia de control internacional sobre los procesos económicos, políticos culturales y sociales internos de cada país.

Si la definición de política pública se relaciona con la orientación de un determinado régimen político a la consecución de objetivos; con la trasnacionalización de la economía dichos objetivos han dejado de ser nacionales. Por lo cual las explicaciones sobre las relaciones entre tipo de régimen político nacional y estilos y contenidos en la formulación e instrumentación de políticas públicas en los países del Tercer Mundo no tienen riqueza conceptual, puesto que los objetivos han terminado de trasladarse al ámbito global.

Además la formulación de las políticas y programas públicos han ido perdiendo el carácter de público y se han ido desplazando a las áreas del interés privado [16]. Mientras avanza el proceso de globalización se desplaza la toma de decisiones de los Estados nacionales a los centros de poder económicos mundiales y el interés público va perdiendo terreno en beneficio del interés privado. Las políticas públicas se diseñan de manera explícita para no entorpecer el libre funcionamiento de las grandes empresas transnacionales, disminuyendo la cobertura de las necesidades sociales que en principio serían su razón de ser [17].

Una manifestación clara de lo anterior, se da en las negociaciones de la Tercera Cumbre de las Américas donde se pugna por la plena liberalización del capital financiero. Los acuerdos para establecer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) buscan otorgar a las corporaciones el poder de impedir que los gobiernos nacionales impongan normas de salud, seguridad y protección al trabajo. [18]. La meta del ALCA es imponer el modelo económico ya probado en el TLC: nuevas protecciones para inversiones corporativas de libre comercio; se pretende dar pasos concretos en la integración regional, aunque no sólo en el tema económico, sino también en objetivos políticos. Efectivamente, las reglas contenidas en el ALCA limitarían seriamente la posibilidad de que los gobiernos puedan llevar una política de interés público y aumentarían el control de las grandes corporaciones sobre los gobiernos a costa de los habitantes de las Américas. Según la visión de un grupo de trabajo, integrado por representantes de los 34 países de la región que participaron en la cumbre de Quebec, se propone el retiro completo de los Estados nacionales de la actividad económica, una total eliminación de barreras a la circulación de capitales y la renuncia de los gobiernos a aplicar regulaciones y leyes que afecten la actividad de las empresas, incluso aquellas altamente contaminantes. [19] .

Los 34 países que integrarán el ALCA forman una región de 792 millones de personas, que en 1999 realizaron compras por 1.5 billones de dólares (un billón equivale a un millón de millones) y que en el mismo periodo registraron un Producto Interno Bruto (PIB)de 11 billones de dólares, de los que 7 billones correspondieron a Estados Unidos. El comercio de la región alcanza 2.7 billones de dólares, que representa el 22 por ciento del comercio mundial. [20].

Más allá de cifras espectaculares, el grupo de naciones del continente americano que pretenden unirse en un área de libre comercio vive entre profundas asimetrías: de los 792 millones de habitantes, 500 millones viven en Latinoamérica y de ellos la mitad se encuentra en situación de pobreza. Las naciones del sur del Río Bravo acumulan una deuda externa de 792 mil millones de dólares, contratada con los países del norte industrializado, por la que pagaron en 1999 intereses por 123 mil millones de dólares. Estados Unidos y Canadá concentran el 80 por ciento del peso económico del continente.

En una región económicamente dominada por Estados Unidos, garantizar un libre tránsito de inversiones parece un eufemismo para decir que las empresas y fondos de inversión de ese país no tendrán ningún obstáculo para mover sus recursos.México se inscribe en la lógica de concentración del mercado internacional, incorporado al gran bloque comercial de Norteamérica. El TLC ha multiplicado los flujos de comercio entre las tres naciones, pero en México ha profundizado las diferencias de desarrollo entre el norte, ligado a la economía de Estados Unidos y Canadá, y la región sur, sumida en altos niveles de pobreza y marginación, de ahí a incorporar al sur al proyecto regional para Centro América: El Plan Puebla- Panamá.

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1. Introducción.
2. La relación del Estado Global y el Estado Nacional.
   1. El Estado capitalista.
   2. El Estado nacional.
   3. El Estado global.
3. Las políticas públicas en Latinoamérica y en México.
4. Las políticas educativas para la modernización.
   1. La calidad educativa.
   2. Las teorías del "capital humano".
5. La planificación de la educación.
6. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Para comunicarse con la autora:

susanalopezg@hotmail.com